La Fundación Hemofílica Ecuatoriana (Fundhec) alertó a la opinión pública sobre una grave vulneración de derechos que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes con hemofilia en el país, debido al incumplimiento de decisiones judiciales y a procesos de compra de medicamentos que no responden a criterios médicos adecuados.
Según la organización, el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, ha incumplido una sentencia de la Corte Provincial del Guayas que ordena mantener los tratamientos eficaces para los pacientes. A pesar de que Fundhec ha presentado tres insistencias de cumplimiento, hasta la fecha no existe una respuesta oficial por parte de las autoridades.
En este contexto, el doctor Julio César Cueva, abogado de la fundación, explicó que el problema se agrava por la adquisición de medicamentos que no necesariamente se ajustan a las necesidades individuales de los pacientes. “Las compras deben realizarse en función de estadísticas claras y del análisis caso por caso, porque cada paciente requiere un tratamiento específico”, señaló.
Advirtió además que la llamada “intercambiabilidad” de medicamentos es decir, sustituir un tratamiento por otro puede generar inhibidores difíciles de revertir, comprometiendo seriamente la salud e incluso la vida de los pacientes. “No es un capricho, son razones estrictamente médicas”, enfatizó.
Fundhec denunció que actualmente se han concretado compras de medicamentos que no garantizan eficacia, lo que podría ocasionar perjuicios tanto para los pacientes como para el Estado. Este escenario, según indicaron, no solo expone a complicaciones graves, sino que también podría derivar en un uso ineficiente de los recursos públicos.
Cueva subrayó que se trata de tratamientos altamente costosos, que pueden alcanzar entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales por paciente, lo que implica una inversión millonaria. Por ello, insistió en que una mala planificación en las compras genera un doble gasto: en medicamentos que no se utilizan y en aquellos que sí son necesarios.
Asimismo, cuestionó la inestabilidad institucional y la constante rotación de autoridades, lo que dificulta la continuidad de los procesos y retrasa la implementación de soluciones sostenibles. Recordó que, tras varios años de acciones legales, se logró establecer el uso de fichas técnicas para evitar compras inadecuadas; sin embargo, advirtió que aún persisten prácticas que contravienen estos avances.
La fundación también alertó sobre un posible escenario cercano al desabastecimiento, lo que incrementa la preocupación de los pacientes y sus familias. Actualmente, Fundhec atiende a aproximadamente 860 personas con esta condición a nivel nacional.
Frente a esta situación, la organización denunció:
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Incumplimiento judicial: El Ministerio de Salud Pública desconoce una sentencia firme que protege la salud de los pacientes.
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Riesgo vital: La compra de medicamentos ineficaces expone a los pacientes a complicaciones graves y discapacidad irreversible.
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Silencio oficial: Tres insistencias de cumplimiento han sido ignoradas por las autoridades.
Finalmente, Fundhec solicitó de manera urgente a la Corte Constitucional del Ecuador una resolución inmediata que garantice el cumplimiento de la sentencia y la protección de la vida de los pacientes con hemofilia.