El regreso del feriado llega acompañado de nuevas obligaciones para las empresas ecuatorianas. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 191, emitido el 25 de octubre de 2025, introdujo disposiciones al Reglamento General de la Ley Orgánica de Transparencia Social, incorporando medidas tributarias que afectan directamente a las sociedades sujetas al Impuesto a la Renta.
Aunque el objetivo principal de la normativa es fortalecer la transparencia financiera y el control del uso de los recursos en las Organizaciones del Sector Social y sin Fines de Lucro (OSSFL), su Disposición Transitoria Única amplía el alcance hacia el sector empresarial, estableciendo la obligación de declarar y pagar un anticipo sobre las utilidades no distribuidas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
El pago deberá realizarse por única vez, en dos partes durante los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.2.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
“Esta disposición ha tomado por sorpresa a muchas empresas, especialmente a aquellas que habían decidido reinvertir sus utilidades o mantener reservas de capital para el próximo ejercicio. En la práctica, implica un desembolso no previsto que puede afectar la liquidez en el cierre del año”, explicó Gina Macías, experta tributaria y CEO de Colmena ERP.
Macías advierte que esta medida, aunque se presenta como transitoria, genera un precedente relevante en materia de gestión tributaria:
“El mensaje que deja este decreto es claro: mantener utilidades sin distribuir puede representar un costo adicional. Las compañías deberán evaluar con mayor precisión sus estrategias de reparto y reinversión, equilibrando las obligaciones tributarias con su planificación financiera”.
“Más allá del pago puntual, esta medida pone sobre la mesa la importancia de la planificación tributaria estratégica. Hoy más que nunca, las empresas necesitan información en tiempo real y herramientas digitales que les permitan anticiparse a cambios regulatorios como este”, concluyó Macías.
El Decreto Ejecutivo 191 marca así un nuevo capítulo en la relación entre transparencia, responsabilidad fiscal y sostenibilidad empresarial, obligando a los contribuyentes a repensar sus decisiones sobre utilidades retenidas.
