Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2025, las empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador están presentando sus estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024, cumpliendo con los plazos establecidos en el calendario oficial emitido por la institución.
La normativa vigente establece que las sociedades deben remitir su información financiera dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio económico, es decir, hasta el 30 de abril de cada año, a través del portal web institucional.
Los documentos exigidos incluyen el balance general, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y la nota explicativa de los estados financieros, debidamente aprobados por la Junta General de Accionistas o Socios. También deben acompañarse de los informes del representante legal, del comisario (si aplica) y del auditor externo, en los casos obligatorios.
El Ing. Ricardo Vallejo, asesor tributario indica que, “La entrega oportuna y transparente de los estados financieros no solo cumple con un requisito legal, sino que también representa una oportunidad estratégica para que las empresas muestren solidez, credibilidad y compromiso con sus grupos de interés. En un entorno económico desafiante, la rendición de cuentas es un activo reputacional clave.”
Las empresas que no cumplan con la entrega de la información en los plazos establecidos podrán ser sancionadas con multas económicas que van desde tres hasta treinta salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción. Además, el incumplimiento puede acarrear la suspensión del registro mercantil y otras medidas administrativas, afectando su capacidad de operación y reputación ante el sistema financiero y comercial.
La Superintendencia ha reforzado sus canales digitales para facilitar la presentación, incluyendo asistencia técnica virtual y seguimiento en línea del cumplimiento.
Este ejercicio de responsabilidad corporativa fortalece la transparencia del sector privado y contribuye a la estabilidad y desarrollo económico del país.